Indultos tiránicos

 Desde la izquierda, Acuña, Servitje e Ignasi Farreres, ex consejero de Trabajo, también juzgado. / G. BATTISTA

En nuestra historia reciente han sido numerosos los casos de indultos que en base a oscuras fundamentaciones, si es que las había, escondían el propio interés particular del que los otorgaba -en ocasiones, inconfesable-; como, por ejemplo, el concedido por el Gobierno de Aznar (PP) al magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación y el del Gobierno de Zapatero (PSOE) al banquero Alfredo Sáenz, condenado por denuncia falsa

‘No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con color de justicia’, escribió Charles Louis de Secondant, Baron de Montesquieu, en Grandeur et Décadence des Romains, XIV. Según el Diccionario Jurídico Colex, el indulto es la ‘gracia otorgada al que ha sido condenado por sentencia recaída en un proceso penal, que consiste en la extinción por el perdón de su responsabilidad criminal’.

En España, su regulación se encuentra -asómbrense ustedes- en una ley del siglo XIX -en aquellos tiempos lejanos de la Constitución de 1869 que estableció como forma de gobierno una monarquía constitucional y que encumbró a la Jefatura del Estado a Amadeo de Saboya-, concretamente en la Ley de 18 de junio de 1870 modificada, parcialmente, por otra de 1988.

Aunque en el derecho comparado encontramos esta institución en la mayoría de estados de nuestro entorno (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.), se trata de una reminiscencia del pasado cuyo posible uso debería interpretarse siempre de forma restrictiva y nunca arbitrariamente. Este ‘derecho de gracia’, en nuestro país, supone una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública.

El trámite de solicitud de los indultos particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes son sometidas a informe del tribunal sentenciador, debiendo ser oídos el Ministerio Fiscal y el ofendido, si lo hubiere. La concesión compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se acordará mediante Real Decreto, que deberá insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

En nuestra historia reciente han sido numerosos los casos de indultos que en base a oscuras fundamentaciones, si es que las había, escondían el propio interés particular del que los otorgaba -en ocasiones, inconfesable-; como, por ejemplo, el concedido por el Gobierno de Aznar (PP) al magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación y el del Gobierno de Zapatero (PSOE) al banquero Alfredo Sáenz, condenado por denuncia falsa.

El último episodio escandaloso en la utilización de esta figura la hemos sufrido los ciudadanos por los recientemente concedidos por Mariano Rajoy (PP) a Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, vinculados a Unió Democràtica de Cataluña (UDC), que habían sido condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos. A los integrantes del poder político, aquellos a los que familiarmente ya se les conoce como la Casta, no les ha importado lo más mínimo saltarse a la torera la legislación vigente, cuyo artículo 11 exige, para su otorgamiento, razones favorables ‘a juicio del tribunal sentenciador’.

Sin embargo, respecto a Servitje, el tribunal, en este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona, dice en mayúsculas y negrita: informa en sentido desfavorable a la medida atendida la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público y no siendo de apreciar razones de justicia o utilidad pública. En el caso de Acuña, incluso va más allá y añade que se opone también al indulto parcial, pues ya había sido condenado por hechos similares a trece meses de cárcel por el mismo tribunal, presidido por el magistrado José María Pijuan, en consonancia con la previsión del artículo 2 que exceptúa, entre otros, a los reincidentes de tal posibilidad.

Resulta como mínimo chocante saber que el inefable Josep Antoni Duran i Lleida (UDC) se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), diez días antes de aprobarse el indulto referido pese a los contundentes informes en contra de los jueces y el fiscal.

Las circunstancias coyunturales son de todos conocidas: el PP apoya a CiU en el Parlamento autonómico de Cataluña, mientras este hace lo propio en el estatal. Demasiadas coincidencias para no sospechar que aquellas medidas de gracia iban incluidas en un paquete de contrapartidas acordadas al máximo nivel.

Un dato más para la reflexión: el indulto de Servitje lo apoyaron decenas de personas públicamente; entre otros, Jordi Pujol. ¿Quiebra del principio de legalidad penal y de la separación de poderes? Quizás. ¿Burla al Estado de Derecho? Seguro. Son ya numerosos los casos en que al ciudadano se le hurta algo fundamental inherente a su condición: la igualdad ante la ley; la que se supone implica no puedan existir privilegios ni prerrogativas de sangre, de títulos nobiliarios o de pertenencia a una clase privilegiada. Los de la Casta son los últimos recién llegados; no hacen ruido pero están ahí, cuan nuevos mandarines, invulnerables, inmunes al derecho, por encima de él… como los antiguos reyes absolutistas a los que creíamos desterrados para siempre.

Antonio-F. Ordóñez Rivero es letrado e inspector de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la junta directiva de Alternativa Ciudadana Progresista

La voz de Barcelona (6.04.2012)

 

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