La sentencia del TC “está llena de conflictos jurídicos muy discutibles e incluso peligrosos”

 

Veciana, Giménez Salinas, Robles, Hernández Palacín y Caja

La delegación de UPyD en Cataluña ha celebrado este lunes una mesa redonda sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Algunos de sus dirigentes y simpatizantes han expuesto sus primeros análisis sobre el texto y han intercambiado sus puntos de vista con el público asistente.

Mari Cruz Hernández Palacín, coordinadora del Consejo Territorial de UPyD de Cataluña y especialista en la rama social del derecho; Ramón de Veciana, miembro del Consejo de Dirección y abogado; Juan Carlos Jiménez Salinas, militante de UPyD y abogado; y Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana y profesor de la Filosofía en la UB; han expuesto sus opiniones sobre la sentencia en el Centro Cultural Can Fabra de Barcelona. El portavoz de UPyD de Cataluña, Antonio Robles, ha oficiado de moderador.

El ámbito de la justicia

Ramón de Veciana ha subrayado que, más que para ser leída, “es una sentencia para ser estudiada” ya que cada frase “lleva su carga de profundidad“, lo que nos garantiza “un debate jurídico intenso en los próximos meses”. El jurista considera que la sentencia ha sido “contundente” en materia de justicia. Aunque advierte de que “está llena de conflictos jurídicos muy discutibles e incluso peligrosos” y tiene un nivel “doctrinal bastante flojo”.

El dirigente nacional de UPyD ha destacado que el Tribunal Constitucional “se carga” el intento de creación de “una especie de Consejo de Poder Judicial Catalán” y ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se puede descentralizar pero no se pueden crear órganos paralelos, como pretendía el Estatuto y como ha prometido recientemente Zapatero. Ha calificado el Estatuto de “muy tramposo” al describir muy minuciosamente las competencias que se autoatribuye para intentar blindarlas, pero el TC no lo ha aceptado, al menos en el ámbito judicial.

Veciana comparte la opinión de algunos de los votos particulares que señalan que “no tiene sentido” que el TC “se cargue la esencia” del Consejo de Justicia de Cataluña y “por otra parte, lo mantenga vigente”. Y ha concluido calificando la sentencia de “bastante timorata”, a pesar de que “en algunos puntos ha sido muy clara”.

La bilateralidad y las competencias exclusivas

Juan Carlos Jiménez Salinas ha criticado que el celo de los legisladores que dictaron el Estatuto, regulando con excesivo detalle todos los capítulos con el objetivo de garantizar al máximo las competencias que allí se definían, hará que el texto quede obsoleto con muchísima rapidez.

“Esta sentencia trasciende mucho más de lo que dice la prensa y los políticos. Lo que ha dejado bien claro es lo que es una autonomía, sus límites, y lo que es el poder del Estado”, ha apuntado. En su opinión, el Tribunal Constitucional “ha puesto en su sitio las pretensiones políticas soberanistas de Cataluña”.

Sin embargo, Jiménez Salinas también matiza que “la sentencia no es perfecta” porque abusa de “la interpretación”, lo que tiene “el peligro” de que otras sentencias posteriores “modifiquen esas interpretaciones”.

El jurista destaca que el Alto Tribunal ha limitado profundamente los sintagmas “exclusividad” y “en todo caso” que aparecen de forma recurrente en el Estatuto, “destrozando la idea original de los legisladores catalanes” que pretendían que el Estado “no se inmiscuyera” en los asuntos de Cataluña.

La lengua

Francisco Caja ha denunciado que todo el proceso estatutario fue “un asalto a la Constitución” en tanto que atribuyó a Cataluña “un poder constituyente que no tiene y que reside en el pueblo español” en su conjunto. Y constata que las interpretaciones del TC hacen decir a muchos de los artículos del Estatuto “lo contrario de lo que dicen, reformando la gramática y hasta la lógica”.

El profesor universitario subraya la eliminación de la “preferencia” del catalán apoyada en el concepto de lengua propia, restaurando, así, la igualdad del castellano y el catalán como lenguas oficiales. Sin embargo, advierte del peligro de la salvedad que el TC incluye al señalar que el legislador pueda “adoptar las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística para corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto a la otra”.

Y resalta que la sentencia “declara inequívocamente que el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular en las escuelas”, por lo que desactiva la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán. Pero Caja cree que solo a través de la política se conseguirá que lo que dice la sentencia se aplique de forma efectiva en las escuelas públicas catalanas.

La voz de Barcelona (28.07.2010)

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