Urbanismo salvaje

Urbanismo salvajeCon el barullo de la crisis pasó algo inadvertida la llamada de atención a España por parte de la Comisión Europea de Bruselas, debido a los abusos y desmanes de la construcción. Así como otras veces eran advertencias de la Comisión, en este caso se ha producido una votación del Parlamento Europeo. Los diputados españoles se encontraron ante la disyuntiva de tener que votar algo propio. Lo hicieron los populares por un lado y los socialistas por otro. Los populares niegan al Parlamento Europeo, que amenaza con retirar los fondos de ayuda si España persiste en el sistema de "urbanismo salvaje", que tanto ha perjudicado nuestras costas mediterráneas y en especial, como dice el documento, las de Valencia. Si los eurodiputados del PP votaron en contra por entender que el Parlamento Europeo entraba en un terreno que no le corresponde, los del PSOE se abstuvieron, indicando con ello que aceptaban la reprimenda. ¿Por qué se habla de Valencia de una manera particular en este asunto?

Por una ley de 1994 se creó en Valencia la figura del "agente urbanizador" con unas facultades desmesuradas, origen de todos los males. Algunas comunidades adoptaron la ley valenciana y otras no. En Valencia la propiedad del litoral es minifundista y pensaron que para crear urbanizaciones u otras ampliaciones era necesario agrupar distintos pequeños propietarios bajo la batuta de un "productor", pretendido urbanista, de lo cual resultaba generalmente un estropicio.

La intervención de la Unión Europea sobre el maltratamiento urbanístico ha llegado después de que múltiples informadores y comentaristas de nuestro país hicieran semejantes consideraciones, sin que dieran ningún resultado. La UE ha hecho muy bien con su reiterada admonición. La borrachera de la construcción, que nos ha dejado la resaca que sufrimos hoy, no tuvo otra consideración que hacer dinero rápido y fácil. Todos. ayuntamientos, a menudo con cambios de calificaciones de terrenos, e improvisados empresarios para quienes sólo existía la ley del ladrillo. No han faltado escándalos judiciales, algunos de los cuales están todavía en pie. Lo más imperdonable por parte de las autoridades es permitir la acción de los mencionados "agentes inmobiliarios". Se vio con indiferencia que cualquier recién llegado pudiera organizar proyectos urbanísticos, pasando por encima de las normas municipales. Desde los días de Gil y Gil en Marbella los escándalos se han repetido sin que la mayor parte de los ayuntamientos haya impuesto una mínima regulación.

Si no ando equivocado, el director de turismo de la Generalitat republicana, Ignasi Armengou, que murió en Buenos Aires, en el exilio, tenía en su poder un llamado plan Macià donde, como se había hecho años atrás en la Costa Azul, se señalaban las líneas básicas de una naciente Costa Brava. Pueblos que podían ampliarse y extensas playas donde también se podía edificar, pero nunca en primera línea de mar. Puedo recordar el litoral de Platja d´Aro, donde no había más que una casa de payés. Si en el pueblo se hubiera edificado de manera escalonada o en anfiteatro, serían muchos los que verían el mar en lugar de encontrarse, de la noche a la mañana – como dicen en Bruselas-con un edificio que equivale auna pantalla. Precisamente un arquitecto catalán, Antoni Bonet Castellana, se hizo famoso en Sudamérica por edificar sectores en anfiteatro, tanto en la chilena Viña del Mar como en otros lugares de Argentina.

La triste crisis que nos aqueja ha cortado de raíz el ramo de la construcción. Tanto del mar como de la montaña. Es lo cierto que nuestra crisis no es crediticia sino que proviene, en gran parte, de la exagerada construcción que, además, hizo llegar inmigrantes en número superior al que en tiempos normales podemos albergar.

Según me dicen, en Valencia algunos pugnan por volver a edificar bajando precios y conservando puestos de trabajo. Dado el parón, es de suponer que se aprovechará para rectificar tanto error. Ha habido mucho constructor que ha afeado lugares conocidos por su belleza. Una pérdida irremediable para el presente y el futuro de nuestro país. Las nuevas generaciones tendrán derecho a pedir cuentas a sus propios antepasados.

Carlos Sentís

La Vanguardia (3.04.2009)

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