Enmienda a la totalidad

Rosa Díez (diputada nacional por UPyD)Intervención de Rosa Díez (Presupuestos 2009)

¿Qué pensarían ustedes de los responsables de una familia que han sufrido un grave quebranto en sus ingresos si a la hora de elaborar el presupuesto familiar siguieran programando el viaje en invierno a las pistas de esquí; las vacaciones de verano en crucero y en la playa; la segunda vivienda en la sierra; el apartamento en la costa, los viajes de los niños al extranjero…? ¿Qué pensarían si uno de los miembros adultos de la familia, consciente de la situación a que ese despropósito les iba a llevar, renunciara a tratar de corregir la irresponsabilidad de quien ha ignorado la situación para seguir viviendo en contra de la realidad?

Lo primero—ignorar la realidad—es lo que ha hecho su gobierno a la hora de realizar este presupuesto. Y lo segundo — que renunciemos a corregir estos presupuestos–es lo que usted nos insta a hacer, Sr. Rodríguez Zapatero, cuando nos exige que actuemos con la misma irresponsabilidad que usted a la hora de elaborarlos. Un país en el que la oposición no cumpla con su obligación de controlar e impulsar la tarea del Ejecutivo es un país con una democracia débil. Pero ya hemos descubierto, Sr. Rodríguez Zapatero que para usted y para este Partido Socialista la democracia es que no haya oposición.

Como yo no participo de esa opinión le voy a explicar por qué Unión Progreso y Democracia ha presentado una enmienda a la totalidad a estos Presupuestos.

En nuestra opinión, el problema fundamental de estos PGE es su falta de credibilidad. El Gobierno sigue sin hacer un diagnóstico correcto de la coyuntura nacional e internacional.; y de un mal diagnóstico no se pueden obtener buenas medidas económicas ni buenos presupuestos. Podemos arreglar en el trámite algunas partidas y mejorar parcialmente la distribución del gasto o de la inversión; pero el problema de fondo, el que subyace en todas las actuaciones del Gobierno, no tiene arreglo si no se devuelven y se rehacen íntegramente estos PGE. Por eso es imprescindible hacer esta enmienda de totalidad.

Ustedes, Sr. Rodríguez Zapatero, consignan un crecimiento del PIB real para 2009 de un 1%, previsión que se corresponde al mes de julio. Desde entonces la caída es al menos de un 0,7% (Según todos los expertos estará entre el -0,2% y el 0,3%). A pesar de ello, ustedes persisten en confeccionar los presupuestos con la previsión de julio pasado, lo cual en un entorno tan volátil y desfavorable sólo puede tener una explicación: que les salgan las cuentas. Como esa familia irresponsable de que les hablaba al principio, ustedes ya saben que están falseando las cifras. Por eso estos presupuestos no son una muestra de incapacidad sino de irresponsabilidad, lo que es, a mi juicio, mucho más grave.

Ustedes saben que están falseando las cuentas, porque conocen las enormes diferencias que existen entre sus números y el consenso entre economistas. Les citaré únicamente tres datos:

1. El crecimiento del consumo presentado por el gobierno es la mitad del correspondiente al consenso entre economistas.

2. La caída del empleo estimada por el Gobierno es sólo del 0,5%, cuando el consenso la sitúa en un 1,1% (sólo este dato sería suficiente para poner en duda la cuantía del ingreso por IRPF, IVA y cotizaciones sociales por el lado de los ingresos y prestaciones sociales por el lado de los gastos).

3. La inversión en equipos crecerá según el Gobierno en 3,6%, cuando según el consenso entre economistas caerá en un -2,6%. Claro que no es posible para ustedes recoger crecimiento negativo en esta partida o sea, reconocer la realidad) si se empeñan en decir que estos son unos presupuestos orientados al crecimiento económico. Una vez más, plena confusión entre la realidad y la ensoñación, entre lo que es y lo que nos/les gustaría que fuera. Una vez más, un ejercicio de irresponsabilidad.

Otro aspecto que demuestra la frivolidad con la que ustedes nos presentan las cuentas, es la contradicción entre la previsión en la caída final de ingresos tributarios que ustedes mismos reconocen para 2008 (un -6,9% de diferencia entre la cuantía que aparece en los Presupuestos de 2008 y las previsiones de liquidación al cierre del ejercicio) y el crecimiento de esa misma partida para 2009, que ustedes cifran en un 1,8%, algo verdaderamente increíble justamente en el periodo en el que, con toda seguridad, entraremos en recesión.

Establecido el marco general ficticio de estas cuentas, hemos de decir que estos Presupuestos no avanzan en las políticas que son necesarias para reformar el modelo económico y productivo de España en orden a mejorar la competitividad de su economía y atajar los graves problemas que genera su desequilibrio exterior. Este Presupuesto es una fuente de desigualdad económica para los españoles, de manera que, lejos de promover la equidad en la distribución de la renta, supone una progresión en las diferencias existentes entre los más ricos y los más pobres. El Presupuesto no toma en consideración los problemas por los que atraviesa el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, ni corrige los privilegios financieros que se derivan de la metodología empleada para el cálculo del Cupo del País Vasco y de la Aportación de Navarra, con los que estas dos Comunidades Autónomas de régimen foral contribuyen a financiar las cargas del Estado. El Presupuesto, en fin, no aborda adecuadamente los problemas de la seguridad de los ciudadanos, de la preservación de sus derechos ante los tribunales de justicia y de la defensa nacional.

Como ya he venido explicando, los fundamentos macroeconómicos del Proyecto de Presupuestos carecen del realismo necesario para planificar la actividad económica del Estado. Las previsiones del Gobierno responden más a una intención de ocultar la gravedad de la crisis económica, que a la necesidad de abordar los problemas que enfrenta la economía española en una coyuntura internacional extraordinariamente adversa. Si se comparan esas previsiones con las publicadas por el Fondo monetario Internacional o con las medias obtenidas en el panel de expertos elaborado por Funcas, encontramos como principal divergencia es la correspondiente al crecimiento del PIB, lo que desbarata cualquier posibilidad de hacer unos presupuestos medianamente rigurosos

España está entrando en un escenario macroeconómico caracterizado por la deflación, el paro y la depresión económica. Utilizando previsiones realistas para el PIB, la inversión, el consumo y otras variables, se concluye que el nivel de desempleo, medido por la Encuesta de Población Activa, puede acercarse al 15 por ciento de la población activa. Además, el déficit que puede achacarse al ciclo económico depresivo, superará el 1,5 por ciento.

Una predicción más realista, de crecimiento cero o negativo del PIB para 2009, nos llevaría a la conclusión de que los PGE arrastran un déficit implícito de entre el 2,2 y 2,5, en porcentaje sobre el PIB, a lo que habría que añadir el déficit de las Comunidades Autónomas, con lo que se superará en 2009, de forma significativa, el límite del Pacto de Estabilidad.

El escenario que contemplamos como más probable para 2009, es el de una economía con exceso de capacidad productiva; con la oferta agregada correspondiente a un nivel elevado de desempleo y una demanda muy por debajo de su nivel potencial; situación similar a la crisis japonesa de 1996 generada por el hundimiento del precio de los activos inmobiliarios. Es decir, un panorama económico caracterizado por la deflación, el paro y unas tasas de crecimiento próximas a cero o negativas del PIB.

En una situación económica como la descrita, la política fiscal puede ser más eficaz que la política monetaria para afrontar la crisis. Además, los Presupuestos son el único instrumento de política macroeconómica en manos de las autoridades españolas, toda vez que la política monetaria se determina por el Banco Central Europeo. Esta situación, hace más necesaria la presentación de unos presupuestos coherentes con el escenario macroeconómico predecible y no con el escenario optimista y contradictorio que presenta el Gobierno.

La economía española requiere, en la actual coyuntura, un impulso fiscal positivo. Éste debería concretarse en una composición del gasto publico dirigido a paliar los déficit estructurales de nuestro país: educación, I+D+i y mejora de la competitividad. Esta estrategia debería ir acompañada de políticas de redistribución de renta que coadyuvan a ampliar el tamaño del mercado interior y, por ello, favorecen el progreso técnico y la mejora de la productividad. Unas políticas re-distributivas que han de atender adecuadamente a las pensiones, el desempleo, la protección de las familias y las ayudas a las situaciones de dependencia; y que, a su vez, han de estar acompañadas de una reducción del consumo público, lo que reactivaría el consumo privado y a la vez contendría el déficit público. Estos Presupuestos, aunque con déficit, deberían servir para relanzar la demanda agregada. Pero a todo ello ha renunciado su Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero. Ustedes, señores y señoras del Gobierno, con estos presupuestos del Gobierno, más que levantar la economía quieren levantar las encuestas electorales, hablando de unos presupuestos austeros y sociales, conceptos que se parecen a la realidad de lo que aquí nos presentan como un huevo a una castaña. Ustedes, Sr. Rodríguez Zapatero, prefieren los eslóganes a la política; y así nos va.

Los presupuestos están mal hechos a conciencia para evitar que las cuentas reflejen un déficit cercano al 3% recogido en el Pacto de Estabilidad.

So lo explico:

Como ya se ha puesto de relieve, los ingresos fiscales serán menores que los presupuestados (conforme a todas las tendencias aludidas no superarán los 176.600 millones de euros); y el gasto experimentará tensiones alcistas derivadas de los derechos reconocidos a los ciudadanos. No existe pues austeridad presupuestaria en el proyecto presentado por el Gobierno.

Es poco verosímil que los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Socia crezcan un 7,5%. Sería más realista una previsión de descenso en el número de afiliaciones —derivado del aumento del desempleo y del efecto que sobre el comportamiento de la población activa tiene la disminución de las expectativas de empleo—, así como una moderación en el incremento de las bases de cotización como resultado de una más que previsible moderación en el aumento de los salarios. No cabe esperar un incremento de las cotizaciones superior al 3 por 100, con lo que los ingresos totales de la Seguridad Social serán de 120.360 millones de €.

El Gobierno tampoco ha tratado de restringir el gasto en consonancia con la delicada situación coyuntural de la economía española; y cuando lo ha hecho, ha seguido una orientación poco recomendable. Así, el gasto corriente se incrementará, en el presupuesto consolidado, en un 5,1 por 100, muy por encima de las previsiones de crecimiento nominal de la economía española. Por el contrario las inversiones reales, tan necesarias para sostener la acumulación de capital, disminuirán en un 2,7 por 100.

En este escenario, si los gastos no sobrepasan los presupuestados el déficit del Estado y CC.AA. puede ser del orden del 1,9 por 100 del PIB. Pero si, como es previsible, el gasto en las prestaciones por desempleo supera la cifra presupuestada de 19.292 millones de € —una cifra ya superada en el ejercicio de 2008—, entonces el déficit será mayor. Un aumento del desempleo en 400.000 parados adicionales —que puede considerarse moderado en la actual coyuntura— supondrá un incremento en el gasto de 2.600 millones de €. Y entonces el déficit aludido llegará al 2,2 por 100 del PIB.

A su vez, la Seguridad Social, no logrará el superávit previsto del 0,8 por 100 del PIB, siendo más realista una previsión de la mitad de esa cifra; es decir del 0,4 por 100 del PIB.

Todo ello significa que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situará en el 3 por 100 del PIB; es decir, en el límite máximo del Pacto de Estabilidad, con el consiguiente riesgo de que cualquier desviación negativa coloque a España ante la posibilidad de ser sancionada por el Consejo de la Unión Europea. Y esa realidad, Sr. Rodríguez Zapatero, es la usted quiere ocultar a los españoles.

…………El déficit público aumentará las restricciones de liquidez de la economía española y ello le llevará al Estado a cubrir las necesidades de financiación a través de la emisión de deuda pública, lo que puede terminar perjudicando al sector privado. Lo más probable es que las emisiones de deuda sean del orden de 66.700 a 86.700 millones de € (hay que tener en cuenta los millones adicionales necesarios para hacer frente a los Decretos Ley recientemente aprobados), con lo que, en 2009, la deuda en circulación llegará hasta un máximo de 422.300 millones de €. Ello supone aumentar en diez puntos porcentuales el actual nivel de la ratio deuda/PIB, de manera que ésta llegará hasta el 37,1 por 100 para la Administración Central del Estado y al 47,0 por 100 para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Para valorar adecuadamente este enorme aumento en las emisiones de deuda pública, se debe tener en cuenta que la economía española atraviesa una fase de severas restricciones de liquidez, lo que dificulta de manera muy importante el acceso al crédito de las empresas y familias. En estas circunstancias, el excesivo aumento de las emisiones de deuda pública, aún cuando una parte de ellas se colocaran en el exterior, al competir por la liquidez en condiciones ventajosas, va a suponer un escollo adicional para el sostenimiento de la actividad de las empresas, incluso las más competitivas.

Dicho de otra manera: el excesivo déficit público, derivado de un deficiente Presupuesto como el que aquí se valora, se va a convertir en una rémora para la salida de la crisis, al incorporar dificultades añadidas a la financiación del sector privado, en especial de las empresas industriales y de servicios.

Ya hemos dicho que este Presupuesto no arbitra una política económica para salir de la crisis. La crisis de la economía española es el resultado de las turbulencias financieras internacionales y de sus propias debilidades internas, tanto por su vulnerabilidad ante los incrementos de precios en el petróleo y otras materias primas, como por sus carencias competitivas que se derivan de un modelo de crecimiento obsoleto, el modelo Aznar-Rato, que usted, Sr. Rodríguez Zapatero heredó y ha seguido gestionando. Gracias a unas condiciones financieras internacionales muy favorables, España ha vivido en los últimos años por encima de sus posibilidades. Por ello, cuando el crédito internacional está agotado como fruto de la crisis financiera, la política económica debe ayudar a ajustar el gasto contribuyendo a reasignar los recursos a las actividades más productivas a fin de ganar en competitividad internacional y corregir el déficit exterior en las mejores condiciones posibles. Pero, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que usted nos presenta, Sr. Rodríguez Zapatero, carece de tal orientación. Más bien refleja unos criterios conservadores con los que se trata de dar continuidad al modelo productivo que se necesita reformar. Los principales elementos de este conservadurismo con el que se trata de evitar los cambios productivos y seguir distribuyendo los recursos públicos bajo una orientación clientelar, son los que quiero expresarle a continuación.

1. Las inversiones públicas.

Como ya se ha señalado, van a disminuir en un 2,7 por 100, lo que no es razonable; y menos aún si se tiene en cuenta que el sector público va a incurrir en un déficit abultado que sólo podría justificarse, por razones de eficiencia, si se fuera a desarrollar un amplio programa de inversiones.

Pero además de que la inversión pública es ineficiente, también lo es su distribución territorial. En efecto, las inversiones se han programado en una gran medida para satisfacer intereses de carácter político partidista —premiando principalmente a los gobiernos regionales del mismo signo partidario que el Gobierno nacional— o simplemente para allegar votos favorables a las cuentas que aquí se enmiendan. Ello significa que, al programar las inversiones, el Gobierno no ha seguido el necesario criterio de eficiencia, dando prioridad a aquellos proyectos que pueden tener un mejor rendimiento económico al favorecer el aumento de la productividad del sector privado y del conjunto de la economía. Y tampoco ha seguido un criterio de equidad a fin de mejorar la situación de las regiones de menor nivel de desarrollo económico. Los criterios de inversión del Gobierno son principalmente clientelares.. Sólo en esta clave política resultan comprensibles hechos como que Cataluña reciba 4.600 millones de euros en infraestructuras, el 18,7 por 100 del total, frente a los 2 400 millones de Madrid (el 9,9 por 100). Lo mismo sucede con el descenso en la asignación de Canarias (-13.15 por 100), o los aumento de Baleares (11,5 por 100) y Navarra (31,3 por 100). Murcia (–4,7 por 100) y Valencia (–0,4 por 100) también descienden. Es una forma completamente irresponsable de usar el dinero público, más aún en tiempos de aguda crisis.

…….Debe añadirse que el Fondo de Compensación Interterritoriral, el principal instrumento financiero destinado a promover las inversiones públicas en las Comunidades Autónomas de menor nivel de renta, va a ver estancados sus recursos, que sólo aumentan en un 1,2%., con lo que el Gobierno muestra su escaso interés por el desarrollo de las regiones más desfavorecidas

2. La política industrial.

La política industrial sigue anclada en las rémoras del pasado, impidiendo así que la industria se convierta en la verdadera alternativa al sector inmobiliario para la salida de la crisis. Los programas presupuestarios en esta materia suman 2.768 millones de €, de los que dos tercios se destinan al sostenimiento de unas políticas de reconversión industrial que se iniciaron al comienzo de la década de los ochenta. Y el otro tercio de los recursos de la política industrial se reparte entre los programas referentes a la regulación del sector —Propiedad Industrial, Calidad y Seguridad Industrial y Seguridad Nuclear, con 125 millones de €—, los Incentivos Regionales —con 255 millones de €— y el Desarrollo Industrial —con 517 millones de €—. Es decir, sólo una pequeña parte de los recursos de la política industrial se destinan a promover las inversiones que se requieren para la transformación productiva del sector

2. Política energética

Tampoco en la política energética se advierte una voluntad política de cambio que pueda fortalecer la delicada posición de España en este terreno. Los 80 millones de euros presupuestados se destinan, en su mayor parte, a subvencionar las energías renovables y las medidas de ahorro energético. Esos recursos y estos programas son claramente insuficientes para resolver los retos que plantea el modelo energético español: a) excesiva dependencia exterior; b) vulnerabilidad de la economía española frente a las variaciones de precios del petróleo; c) costes elevados de la producción de energía eléctrica; d) alto nivel de emisiones de CO2 e incumplimiento de los compromisos internacionales orientados a su limitación.

3. Política científica y tecnológica.

La política científica y tecnológica planteada por el Presupuesto ignora el principal problema que refleja el sistema nacional de innovación en España: la escasez de empresas innovadoras.

El proyecto de Presupuestos de 2009 sigue en lo esencial la misma orientación de años anteriores. En primer lugar, los recursos que se dedican a esta política —en total, 9.650 millones de €— sólo crecen un 3,3 por 100. Dado que esa tasa es inferior a la que se prevé para el crecimiento nominal del PIB, es evidente que el Gobierno, en contra de los que se señala en alguno de los documentos remitidos al Congreso, no ha dado prioridad a la política científica y tecnológica para el año 2009.

Cabe destacar que, dentro de esa cifra global, los programas referidos a la investigación militar han experimentado una reducción del 12 por 100. Por otra parte, existe un tratamiento muy desigual de las instituciones públicas que realizan actividades de I+D. Así, el INTA —y con él la investigación aeroespacial— y el Instituto Español de Oceanografía retroceden en la disponibilidad de recursos presupuestarios; el Instituto de Salud Carlos III —que tiene asume una buena parte de la investigación biomédica— y el INIA —que realiza la mayor parte de la investigación agraria—mantienen los presupuestos prácticamente estancados.

Y luego están las trampas de contabilidad creativa. Me explico: si bien los programas orientados a la investigación en las empresas experimentan un aumento del 12,9 por 100, paralelamente el Presupuesto de Beneficios Fiscales registra un severo retroceso del 33,9 por 100 en las deducciones por I+D+i en el Impuesto de Sociedades, con lo que las empresas perderán, por esa vía, 130 millones de €. Si en el momento actual los recursos que las empresas destinan a la I+D —el 0,67 por 100 del PIB— son proporcionalmente mucho más reducidos que el promedio europeo —que se ubica en el 1,17 por 100 del PIB—de este Presupuesto no cabe esperar la corrección de ese desequilibrio

4. Política de promoción y diversificación geográfica de las exportaciones.

Los recursos del ICEX disminuyen un 3 por 100, lo que en una economía como la española que concentra el 70% de sus ventas al exterior en la Unión Europea, supone un claro error estratégico.

5. Política de educación.

El proyecto de Presupuestos no concede prioridad alguna a la educación, cuyo presupuesto sólo aumentan en un 1,8 por 100 sobre el ejercicio anterior, una tasa ésta inferior al crecimiento nominal de la economía. Por tanto, el Presupuesto presentado al Congreso implica un retroceso real en los recursos educativos. Si tenemos en cuenta que España tiene un gasto público en educación que aún no ha llegado al promedio de la UE, que los resultados del sistema educativo son extremadamente mediocres, de manera que, por una parte, la tasa de fracaso escolar es notoriamente superior a la de los demás países desarrollados y que el nivel de conocimientos alcanzado por los alumnos es muy bajo, se puede afirmar que, en los últimos años, la educación española está añadiendo muy poco capital humano a los escolares que albergan sus aulas. De ahí que la mejora del sistema educativo es una necesidad impostergable de la economía española, pues de ella depende el incremento del capital humano, la capacidad de incorporar nuevas tecnologías al sistema productivo y las posibilidades de éste para lograr una efectiva reorientación de los recursos en orden a su modernización y especialización en las actividades de mayor valor añadido. La mejora del sistema educativo es un prerrequisito del cambio en el modelo productivo de la economía española. Nada de esto parece interesar al Gobierno cuando ha programado su Presupuesto de gastos para 2009. Una demostración más de la falta de ambición de país de usted y de su gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero.

6. Política de vivienda.

Por último, cabe reseñar el empeño del Gobierno en seguir promocionando la construcción de viviendas por medio de una política presupuestaria que crece un 16,6 por 100, lo que es una muestra evidente de la escasa voluntad del Gobierno para propiciar el cambio en el modelo productivo. Con más de un millón estimado de viviendas nuevas sin vender, el sector inmobiliario registra un claro exceso de oferta que cualquier política promoción del sector (150.000 viviendas nuevas) no puede sino agravar.

Se insiste en una medida de ayuda a los jóvenes que ya se ha mostrado claramente ineficaz para facilitar el acceso a la vivienda, toda vez que ha producido un incremento equivalente en los precios de alquiler. En definitiva, la política de vivienda del Gobierno no sólo no resuelve los problemas del sector y de los ciudadanos que quieren acceder a la vivienda, sino que los agrava. Y ello, a costa de dedicar un importante volumen de recursos económicos que debieran estar disponibles para propiciar el cambio en el modelo productivo de la economía española.

El Presupuesto mantiene el modelo de financiación territorial.

Como ya se dijo antes, el Presupuesto no avanza ningún cambio en el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, aún cuando éste se ha mostrado insuficiente y problemático. Los recursos previstos para el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común y el Fondo de Compensación Interterritorial se van a ver reducidos en un 2,6 por 100. El Gobierno, que no practica la austeridad en los momentos de crisis tal y como ha quedado demostrado, quiere obligarla para las demás Administraciones, salvo a aquellas a las que mima por cuestiones clientelares, lejos de la defensa del interés general.

Conviene señalar que la financiación de los servicios básicos del Estado del Bienestar, como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, depende del sistema de financiación autonómico. Por ello, la restricción presupuestaria sobre las Comunidades Autónomas no puede sino redundar en un empeoramiento de esos servicios. En definitiva, la menor financiación de las Comunidades Autónomas se va a cargar sobre las espaldas de los ciudadanos bajo la forma de unos peores servicios públicos.

En cuanto a las Comunidades Autónomas de régimen foral, se reproducen una vez más las deficiencias en el sistema de cálculo de su contribución a las cargas del Estado, lo que convierte su sistema de financiación en un claro privilegio.

El ridículo incremento presupuestario de la financiación de las Entidades Locales, de sólo un 1%, se ve lastrado por una disminución equivalente de las transferencias ajenas al sistema de financiación. De este modo, un año más el Gobierno deja sin solucionar el problema de la estrechez financiera de las Administraciones Locales.. El problema de las llamadas competencias impropias asumidas por los ayuntamientos españoles no encuentra así respuesta ni en la acción política del Gobierno ni en su proyecto de Presupuestos.

El Presupuesto no contribuye a la equidad en la distribución de la renta.

Detrás del mantra repetido hasta la saciedad por el Gobierno, según el cual su política para afrontar la crisis consiste en mantener el gasto social, se esconde un nuevo paso hacia la disminución de la equidad en la distribución de la renta. Si en la anterior legislatura el Gobierno anotó entre sus logros el sostenimiento del nivel de pobreza relativa entre los españoles, así como un aumento de las diferencias entre ricos y pobres, el Presupuesto para 2009 esas tendencias se van a acentuar.

El Presupuesto contempla la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio. Un impuesto éste que grava a las personas de mayor nivel de renta. Por tanto, se asistirá a un aumento de la renta disponible de los más ricos. Por otra parte, las mínimas correcciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta no han tenido en cuenta el nivel de inflación, por lo que se producirá un incremento en la cantidad cobrada por este impuesto a los contribuyentes. Por tanto, los cambios que contempla el Presupuesto para el IRPF tendrán un componente redistributivo que penaliza especialmente a los asalariados de ingresos medios y, en menor medida, a los de ingresos bajos; pero que, a su vez, tendrá efectos de escasa entidad entre los no asalariados y los perceptores de rentas del capital. De esta manera se introduce en el Presupuesto un cambio fiscal que hará más desigual la distribución de la renta disponible entre los españoles. Este cambio, en vez de atenuar las diferencias entre ricos y pobres, las acentuará.

En cuanto a las cotizaciones sociales, también van a registrar una elevación diferencial entre los trabajadores de menor y mayor nivel salarial. En definitiva, en tres epígrafes fundamentales de los ingresos, cabe esperar del Presupuesto presentado por el Gobierno un aumento de las desigualdades, de manera que los contribuyentes de menor renta serán tratados peor que los de mayor renta.

Por el lado de los gastos aunque algunas acciones, como la elevación de las pensiones mínimas por encima de la inflación, compensarán parcialmente los efectos regresivos antes señalados, otras operarán en un sentido inverso, como ocurrirá con todas las prestaciones sociales vinculadas con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pues su incremento —previsto en un 3,4 por 100— es claramente inferior a la inflación actual.

Otro ámbito en el que se producirán efectos regresivos como consecuencia del gasto es el de las pensiones de jubilación por enfermedad o incapacidad de los funcionarios. Las disposiciones adicionales 13 y 16 del proyecto de Presupuestos modifican unilateralmente el actual sistema de pensiones, lo que es doblemente denunciable. El Gobierno utiliza la ley de Presupuestos para cambiar las condiciones sociales de los trabajadores del sector público, despreciando el diálogo social del que tanto presume.

Finalmente, el Presupuesto es muy conservador en cuanto a las prestaciones sociales que en España, han adquirido un escaso desarrollo por comparación con los demás países europeos. Es el caso de las ayudas a las personas dependientes, pues aunque el gasto previsto se eleva en un 33 por 100, queda aún muy lejos de cubrir las obligaciones reconocidas en la Ley de Dependencia. Lo mismo podríamos señalar respecto de la protección familiar que sigue siendo la más baja de la Unión Europea.

En resumen, este Presupuesto es muy conservador en cuanto al desarrollo del Estado del Bienestar, donde, aún en el contexto actual de crisis económica, caben actuaciones destinadas a mejorar la renta disponible de las personas menos afortunadas o de las que tienen unas mayores cargas familiares. Y lejos de anotar esas mejoras, el proyecto que presenta el Gobierno es claramente regresivo.

El Presupuesto no aborda con eficacia los problemas de la seguridad, la justicia y la defensa nacional.

Los ciudadanos españoles exigen, no sólo una política económica atenta a los problemas suscitados por la crisis, unos buenos servicios públicos y un trato de equidad en la distribución de la renta, sino también un apropiado nivel de seguridad personal y colectiva. La seguridad depende, evidentemente, del orden público y de la prevención de la delincuencia y el terrorismo; pero también se relaciona con una administración rápida y equitativa de la justicia y con la preservación de la sociedad frente a las amenazas exteriores. Ninguno de estos tres aspectos cruciales para el bienestar de los ciudadanos ha encontrado una respuesta adecuada en el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno.

Los programas presupuestarios cuya ejecución se encomienda al Ministerio del Interior experimentan un incremento de tan sólo el 2,3%, lo que significa que, en términos reales, los recursos destinados a la seguridad van a descender. De hecho, el programa presupuestario ha previsto una disminución de 3000 en los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados a patrullar en las calle .Aunque se incrementa el número de guardias civiles, el número total de agentes policiales de ambos cuerpos será en 2009, de 2.549 agentes menos que los que teníamos en el año 2007.

De la misma manera, el Presupuesto no contempla aumento alguno en las inversiones para dotar al las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de medios técnicos, materiales e infraestructura para el desempeño de sus funciones.

Por otra parte, el Presupuesto no recoge ningún recurso destinado a la financiación de la homologación retributiva de los funcionarios policiales con respecto a los cuerpos autonómicos o municipales, con lo que una vez más se frustran las expectativas que creó el Gobierno a este respecto.

La administración de justicia

El conjunto de programas presupuestarios que ejecuta el Ministerio de Justicia experimenta un incremento del 6,1 por 100, hasta llegar a 1.738 millones de €. Escasísimos recursos para afrontar los graves problemas que arrastra la organización de nuestra Administración de Justicia. Es evidente que con estos recursos no se podrán racionalizar los medios humanos de que disponen los servicios de justicia, revisar la planta y demarcación judicial, incorporar las tecnologías de la información a los procedimientos judiciales y modernizar los Registros. Según el Presupuesto va a haber más jueces y fiscales, pero no va a haber mejores medios materiales para la justicia y los jueces van a contar con menos personal de apoyo. Es evidente que el Gobierno ha renunciado En estas circunstancias a mejorar el servicio que la justicia presta a los ciudadanos.

La defensa nacional

El Presupuesto ha previsto una disminución en el gasto de defensa del 3,9%. A pesar de ello, y partir de este hecho fundamental, el Gobierno sigue diciendo que pretende impulsar la profesionalización y modernización de los ejércitos, consolidar su presencia en conflictos exteriores y preservar la seguridad de los ciudadanos. Y pretende también aumentar el número de efectivos de tropa y marinería hasta llegar como máximo a 81.000 soldados. Como verán, cualquier parecido entre la realidad y el presupuesto es pura coincidencia.

Como he tratado de demostrar, los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno son muy deficientes. Su fundamento es un escenario macroeconómico absolutamente irreal y su desarrollo es pura frivolidad, pues no articula las políticas que son necesarias para modernizar y reformar el modelo productivo de la economía española y para mejorar su competitividad. Los Presupuestos van a incrementar la desigualdad económica entre los españoles, e implican una progresión en las diferencias entre ricos y pobres. Los Presupuestos no han tenido en cuenta los problemas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, y no han corregido los privilegios financieros del País Vasco y de Navarra. Y son unos Presupuestos que no mejoran la seguridad de los ciudadanos, ni los medios para el funcionamiento de de justicia, ni aseguran adecuadamente la defensa nacional.

Pero lo más denunciable de estos Presupuestos es que son la consecuencia de una forma de hacer política completamente irresponsable. Con estos Presupuestos se erosiona muy gravemente la credibilidad del Gobierno y la confianza en nuestra economía, en un momento especialmente delicado, cuando nos enfrentamos a la que podría ser la crisis económica más grave de nuestra democracia. En momento así es cuando más falta hace una buena dosis de responsabilidad y de credibilidad. Justo aquello de lo que carecen sus Presupuestos y su Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero. Por todo ello, en nombre de Unión, Progreso y Democracia solicito en esta Cámara su devolución al Gobierno.

Rosa Díez

Congreso de los Diputados-Madrid, 21/22 de septiembre de 2008.

 

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