Mutualidades de trabajo deniegan a las mujeres trabajadoras embarazadas sus derechos

embarazadaJulio Castro / laRepublica.es

La aprobación en marzo de 2007 de una legislación que beneficiaba a las mujeres en su articulado fue recibida con muy buenas palabras por parte de la mayoría de la sociedad, especialmente, las directamente implicadas. Lo que faltaba por ver eran los resultados de la aplicación de la misma, cuestión que, por lo que podemos comprobar a resultas de ciertos ejemplos concretos nos llevan a exponer las más rotundas dudas sobre la intencionalidad real más allá del electoralismo o la comprensión real del entramado pseudosocial de entidades privatizadas en que las supuestamente “favorecidas con trato de mayor igualdad” se mueven, y la dejación que desde finales de los ’80 vienen practicando todas las Administraciones Públicas, con tan nefastas consecuencias.

Una mujer queda embarazada y decide ejercer sus derechos reclamando las correspondientes protecciones, el reconocimiento de un riesgo explícito en el embarazo y una novedad incluida en la nueva Ley: la del riesgo durante la lactancia. Pronto o, mejor dicho, demasiado tarde para poder ejercer sus derechos legales, descubre que el entramado de estos tejemanejes permiten que las entidades privadas que operan en nombre de la Seguridad Social pueden saltarse las leyes y obligar a las trabajadoras a acudir bajo riesgos reales a su puesto de trabajo, ahorrándose de esta manera un dinero que es público y reconocido. Algunas podrán y sabrán reclamar ante la Justicia, pero será tarde cuando lleguen a fin las sentencias, pero, además, las mutualidades se encargarán de cortar el proceso antes de que haya sentencia. Nadie vela por estas trampas ni por la seguridad de miles de mujeres en dicha situación.

Encontramos varios casos, lo cual indica que deben existir bastantes. Una de ellas ha conseguido el reconocimiento legal, pero ha tardado meses en los que se le ha obligado a cumplir con un cometido que no debía, y nos lo cuenta de esta manera: “el 26 de marzo del 2007, di a luz a una niña. Durante este embarazo (como el anterior, el año 2002) estuve en una situación de “Riesgo laboral durante en embarazo”, lo cuál supone una suspensión del contrato por parte de la empresa siendo el INSS quién se venía haciendo cargo de la retribución correspondiente, mediante el pago del 70% del sueldo correspondiente. La situación de Riesgo se deriva del tipo y condiciones de mi trabajo, en este caso: nocturno, siendo preciso mover pesos de hasta 40kg, Dicho riesgo vino confirmado por escrito por parte del médico de la Mutua y, al no disponer la empresa otro puesto de trabajo a desempeñar durante ese período, se llega al precepto señalado por la ley que antes se señalaba”.

Supuestamente, a partir de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, de 22 de marzo, en su artículo 135, se recoge el reconocimiento de la situación de Riesgo durante la lactancia natural, en los mismos términos que el Riesgo durante el embarazo. Aunque en la actualidad, a diferencia de lo anterior a la Ley, la gestión y el pago de la prestación económica por riesgo recae sobre la Entidad Gestora o, en su caso, a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (que será aquella que corresponda, en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales). Por otra parte, dice la Ley la prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

Habiéndose informado un tanto casualmente de esta nueva situación, esta trabajadora dice: “cuando fui a informarme para saber si mi caso estaba comprendido en esta situación de Riesgo, la Mutua me remitió al médico de Prevención de Riesgos Laborales para mi evaluación, el cuál certifico una vez más que mi situación laboral no era compatible con la lactancia natural en base a lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Al igual que en el anterior caso, la empresa inmediatamente certificó que no disponía de otro puesto de trabajo para mi y, de igual forma, pasé a una suspensión de contrato, conforme al procedimiento establecido”.

Llegada a esta situación, tal y como se recoge en la Ley, la trabajadora debiera haber pasado a cobrar automáticamente de la Mutualidad susodicha (recordemos que es tan solo una sociedad privada interpuesta que recibe fondos de la Administración para estos fines), pero las cosas no siempre ocurren como se esperan: “cuál fue mi sorpresa, cuando después de dos meses de haber gestionado todo y sin percibir el subsidio que recoge la propia Ley en estos casos, me pongo en contacto con la Mutua para saber el motivo por el que no me pagan. La respuesta es que, me lo han denegado, escribiéndome una carta a una antigua dirección (aunque a lo largo de todas las gestiones aparecía la nueva), sin usar la vía de correo urgente ni certificado, por lo que no obra constancia de dicha notificación por ninguna de las partes”.

Lo más curioso es que, además, en la carta no se indica el motivo por el no se considera a la trabajadora en situación de riesgo, pese a haberles aportado toda la documentación solicitada, conforme a la Ley, en la que figuraban las causas y el informe médico. Ni tan siquiera se indicaba un plazo para poder reclamar. “Tras muchas conversaciones telefónicas, consigo saber que la Doctora que firma la denegación está de vacaciones, y “nadie de la Mutua está autorizado” a revisar mi caso. Dicho sea de paso, mi lugar de residencia es Vigo (Pontevedra), las gestiones con la Mutua se hacen en mi localidad pero, como la sede de la empresa está en Madrid. Es la Mutua de Madrid la que deniega y con la que tengo que ponerme al habla. Termino escribiendo una carta de alegaciones, para disponer de un plazo hasta que la Doctora se incorpore. Pero veo la necesidad de desplazarme hasta Madrid en las fechas en que ésta se incorpora, para hablar personalmente con ella y que evalúe la situación y a mí”.

“Entre “balones fuera”, queriendo hacerme creer que los demás me habían tratado como una idiota porque me habían dicho que la legislación me amparaba en un caso que no era posible o, incluso, que la Ley se había vuelto a cambiar tras su reciente aprobación (cosa poco probable en una Ley Orgánica) y unas cuantas cosas más. Me confirma, primero verbalmente y luego por escrito que su decisión de negar la Situación de Riesgo laboral durante la lactancia, esta vez, de nuevo, sin aportar documentación o motivo por el cuál decide ignorar y se saltarse la Ley de Prevención, la Ley Orgánica y un informe de un médico de su propia Mutua”.

Con todo ello, me tengo que incorporar a mi puesto de trabajo el 11 de septiembre 2007 (cuando por Ley no tendría que haberme incorporado hasta 26 de diciembre) y sin haber cobrado durante los dos meses transcurridos sin que dieran respuesta por parte de la Mutua. Todo con bastante rabia e impotencia, porque tenía muy claro que me estaban robando mis derechos y no sabía como actuar.

En diciembre (tras informarme en diversos lugares donde me daban todo por perdido por ir contra las entidades que iba) denuncio a la Mutua, al INSS y la empresa por esta situación (estas dos últimas por cuestiones de procedimiento, si bien la responsabilidad del INSS en velar por las garantías de las trabajadoras no puede ser eximida y parece hacer dejación de la misma). El 7 de febrero del 2008 el Magistrado-Juez del juzgado de lo social número cinco de Vigo, me da la razón, declarando el “derecho de la actora a la suspensión de su contrato de trabajo por riesgo para la lactancia natural desde 17 de julio al 17 de septiembre de 2007, con derecho al percibo de las prestaciones por tal concepto, […] y a la Mutua al abono de la citada prestación”.

Lo más preocupante es pensar que las mujeres, en este caso y todos los demás, en otras situaciones, nos encontramos en manos de estas entidades privadas que se interponen a la Administración y que debieran estar al servicio de ciudadanas y ciudadanos, pero también, y sobre todo, de la ley. Con lo que nos encontramos realmente es que quienes habían superado por ley unas situaciones de indefensión, ahora deben reclamar por la vía judicial de manera sistemática, aquello que es un derecho, lo cual significa que la mayoría no lo podrá hacer o no lo hará por falta de información o de medios. ¿Quién controla a estas entidades cuya actuación parece convertirse en mafiosa? “En estos momentos parece que las Mutuas siguen la siguiente política: denegar sistemáticamente el reconocimiento de situaciones de mujeres trabajadoras en este tipo de Riesgo, llegando a un acuerdo extrajudicial con la trabajadora en caso de reclamación en vía judicial. Pero si te dejas engañar o desistes de reclamar, eso que se ahorran”. Puesto que, además, nadie hace un seguimiento (porque ahora parecen estar llegando a un acuerdo antes que a la sentencia judicial), estas situaciones no constan y, por tanto, no son cuantificables los casos ni crean precedente de la actuación de estas entidades. “Tienes que pegarte con ellos, por algo que está recogido, en este caso, en dos leyes que ellas desobedecen manifiestamente y que, si estas dispuesta a luchar algo sacas pero si no, te aguantas, en la mayoría de las veces por falta de conocimiento o porque no informan bien”.

No es el caso de una Mutualidad, sino que hay constancia de que existen diversos casos, de distintas entidades privadas de este tipo. Existe otra situación en que la Mutua denegó directamente la posibilidad de hablar con el médico de prevención (lo cual ya constituye un caso de grave ilegalidad manifiesta ya que puede suponer graves consecuencias para la trabajadora el que el titular médico no pueda examina a la paciente –máxime en vías de reclamar un Riesgo laboral con un embarazo o con un neonato lactante de por medio-). Esto significó no poder contar con ninguna valoración profesional, por lo que no cabe continuar los trámites por la vía ordinaria. En la actualidad, esta mujer está embarazada de nuevo y, según nos informan, tras muchos intentos en diversas instancias (y un mes sin sueldo) le ha sido reconocida la situación de Riesgo durante el embarazo, pese a que en el embarazo anterior, en el mismo puesto de trabajo (y pagando el INSS en este caso) la misma Mutua valoró su situación de Riesgo sin inconvenientes.

La primera trabajadora en llegar al final con el procedimiento es esta que nos cuenta todos los detalles, la sentencia fue favorable a ella y tiene carácter de firmeza, por lo que han debido pagarle y reconocerle el derecho. Queda la segunda parte ¿quién le devuelve los meses trabajados que ha perdido de ejercer su derecho de estar con su hija y proporcionarle una lactancia adecuada? ¿Y si hubiese habido algún problema adicional durante este período de tiempo? Para esto debe embarcarse en un nuevo procedimiento judicial por daños y perjuicios contra la aseguradora y contra el INSS, pero vayamos más allá ¿Qué hay del caso de las mujeres a las que los médicos no reciben para no tener que determinar el riesgo? ¿Cuántas pueden haber perdido a sus hij@s por esta causa? ¿Cuántas demandarán? ¿Cuántas tenemos ahora mismo en esta situación?

Las Administraciones no pueden hacer dejación de sus obligaciones, pero las trabajadoras no deben ser las responsables (como ocurre en este caso) de sacar a la luz pública, a su costa, los errores garrafales de este sistema.

La Republica.es, Jueves, 12 de junio.

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