El ex alcalde de Andratx niega que supiera que su propia casa es ilegal

Primer juicio de los 68 previstos por el urbanismo salvaje en Baleares

Andreu Manresa – Palma de Mallorca.- La Fiscalía Anticorrupción pretende demostrar ante el tribunal de la Audiencia de Palma de Mallorca que el ex alcalde de Andratx actuaba como dueño y señor de la villa. Y el ex alcalde quiere hacer creer que no sabía que su propia casa era ilegal y que lo único que hay contra él es un compló. En el primer juicio por el urbanismo salvaje en la citada villa balear, la fiscalía pretende probar que la antigua cúpula del Ayuntamiento de Andratx toleró ilegalidades urbanísticas y tomó "represalias" contra la oposición. Y que, al mismo tiempo, se maquinaron negocios privados entre el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y tres funcionarios (una arquitecta, un letrado y un celador de obras), que decidían o informaban los expedientes de Urbanismo y conocían proyectos inmobiliarios.

Eugenio Hidalgo pide perdón y afirma que todo es un compló contra él

El primer asunto del caso Andratx que se juzga parece un caso menor: la casa de aperos del edil fue convertida en chalé ilegal, con unas obras efectuadas a cien metros del edificio del Ayuntamiento, en terreno rústico protegido. Hidalgo, por este asunto, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Su socio el inspector de obras, Jaume Gibert, se confesó "arrepentido" y apoyó las tesis de los fiscales a cambio de una rebaja de su condena.

El caso Andratx es el mayor escándalo político ocurrido de Baleares, porque nunca se había detenido ni encarcelado a una autoridad (un alcalde) y arrestado e imputado a un director general Jaume Massot, cerebro del urbanismo del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Éste y el secretario general del PP y su consejero de Interior, José María Rodríguez, patrocinaron a Hidalgo y se reunieron con él, en la sede del Gobierno, 40 horas antes de su detención. Las grabaciones recogieron una llamada de alerta de Rodríguez a Hidalgo.

El sumario está segregado en 68 causas penales distintas, según los hechos, construcciones y protagonistas de la supuesta trama delictiva. Andratx es uno de los territorios de las islas donde ha reinado el urbanismo salvaje. Situado en el oeste de la isla de Mallorca, a media hora por autopista de Palma, el municipio tiene 10.000 habitantes y está especializado en el turismo residencial. El caso penal instruido alude a una suma de diversos delitos distintos: contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y delito fiscal.

"Si no me firmas el final de obra te echo a la puta calle", se escuchó ayer en la sala de vistas. La voz era del ex edil Eugenio Hidalgo (ex guardia civil y empresario inmobiliario en Andratx) y procedía de uno de los cientos de archivos informáticos que almacenan las grabaciones de los pinchazos judiciales a los imputados durante la investigación. La amenaza la espetó el ex edil al celador de obras y su socio Jaume Gibert. Éste dijo que no informó sobre las ilegalidades del alcalde por miedo y asumió que hizo negocios con aquel y otros técnicos. Otro imputado, el letrado municipal Ignacio Mir, rebatió todas las acusaciones y negó ser socio de la trama.

"Desde que me fui, aquello [el Ayuntamiento de Andratx] era un verdadero desastre", se defendió el ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno del PP, Jaume Massot. Éste, ex funcionario de Andratx, fue señalado por los fiscales como el hacedor de todos los expedientes y licencias y, en especial, colaborador del alcalde, aun cuando no tenía función ni competencia porque estaba de alto cargo en el Gobierno balear.

El ex edil Hidalgo pidió "disculpas" y "perdón" por haber convertido de manera ilegal una pequeña nave agrícola en la vivienda "sin yo saberlo" y afirmó "ser víctima de una trama" contra él. Los fiscales le recordaron al ex alcalde que manejó la administración para perseguir con expedientes a tres ediles de la oposición que denunciaron sus infracciones. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach denunciaron que un informe sobre el ex alcalde ha sido expoliado y que su información ha sido escamoteada a la justicia.

El País (6.05.2008)