Que sepan catalán (y, si es posible, algo de leyes)

Cartel contra la persecución del castellano en CataluñaLeía el otro día que en Cataluña se ha aprobado una resolución de la Generalitat por la cual, en aplicación del nuevo Estatuto, se exige a los notarios y registradores que deseen concursar a plazas vacantes de Cataluña que demuestren su conocimiento previo del catalán. Para acreditar este conocimiento será forzoso contar con un certificado oficial emitido por la Secretaría de Política Lingüística o con un título equivalente.

Para poder concursar será preciso, por añadidura, una declaración jurada o promesa formal por la que estos concursantes, en caso de obtener la plaza, se comprometen a disponer de personal contratado con la categoría profesional de oficial jurídico que disponga a su vez del certificado de nivel C de conocimiento de catalán o título equivalente. No queda claro, en el por otro lado inequívoco escrito de la Generalitat, si el juramento deberá realizarse ante un crucifijo y sobre una Biblia o con barretina y ante una camiseta del Barça.
Como quiera que, en los tiempos que corren, las vocaciones religiosas no abundan, sucede que tras la aplicación de esta norma, en un reciente concurso de notarios tan sólo se han cubierto 23 vacantes y han quedado 63 desiertas.

Algún despistado podría tal vez pensar que esto pudiera llegar a ser un problema… ¡Todo lo contrario! Semejante escasez de notarios será solucionada por la Generalitat ejerciendo una flamante competencia… de la Generalitat (vaya, que todo queda en casa): la que le permite convocar oposiciones libres y restringidas a notarios y registradores. Así se da otra vuelta de tuerca: en estas oposiciones, obviamente, el nivel de catalán exigido será igual o, más que probablemente, superior. El conocimiento del catalán se antepone al conocimiento de las leyes.

Esta frontera lingüística, como toda ruptura del mercado laboral, tendrá dos efectos: hacia fuera, la obvia exclusión de los notarios y registradores del resto de España (exclusión por demás “asimétrica”, pues los notarios y registradores catalanes si podrán concursar al resto de España sin ningún límite), y, hacia dentro, el empobrecimiento de la calidad de estos servicios públicos. Pues huelga decir que, cuanto más se cierre la válvula de entrada, apretando la arandela de la lengua “propia” (o sea, la de los “propietarios” del lugar), menos habrá dónde elegir, y presumiblemente, peor será la cosecha. Son “faves contades”, por emplear la lengua de Llull: una abrumadora eliminación de competencia en la selección sólo puede resolverse en una abrumadora incompetencia del seleccionado.

Ramón Marcos Allo es el coordinador en Madrid de UPyD (25.04.2008)

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