Despolitizacíón y sensatez

En catalán sí, en castellà tambéLas recurrentes polémicas sobre la política lingüística catalana tienen casi siempre un punto de partida que hace estéril el debate. En efecto, quienes mantienen posiciones críticas con algunos aspectos de la política lingüística suelen ser descalificados previamente a través de tres falacias argumentativas: el ataque personal, la deformación de sus argumentos y el juicio de intenciones. En esto se distingue esta polémica de las demás.

Un ejemplo de ataque personal lo formuló recientemente desde estas mismas páginas Francesc-Marc Álvaro en Francesc-Marc Álvarosu artículo Frankenstein vuelve a casa (La Vanguardia,14/ I/ 2008). Entre otras lindezas, Álvaro tacha a los discrepantes – destacando algunos ejemplos- de "monstruos", "bichos", "engendros" que se han alimentado "en las ubres de la derecha españolista, sector neofalangista". Ante tal prodigio de sutileza, sobran los demás argumentos. En otros casos, se rebate (sic) a los críticos diciendo que estos alegan que el castellano ha desaparecido de Catalunya o que está prohibido, lo cual es obviamente falso: el problema que estos críticos señalan es otro, al cual ni se alude.

Por último, el juicio de intenciones sobre estos críticos es siempre el mismo: quieren acabar con el catalán.

Con ello el razonamiento se da por concluido; sin argumentos válidos, con meras falacias. ¿Por qué?

Creo que lo que se pretende es infundir miedo para que una de las partes no pueda expresarse con argumentos y razones ante la opinión pública. Es una opinión común – y equivocada- que la política lingüística en Catalunya ha permanecido inalterable desde los comienzos de la autonomía. Ello no es así: la legislación ha ido cambiando y la práctica también. Lo que se quiere ocultar es, precisamente, este cambio, esta sigilosa sustitución del bilingüismo por el monolingüismo catalán – por supuesto en las instituciones públicas, no en la sociedad- que todavía no ha terminado. Lo que se pretende es anular la crítica diciendo que desde el principio ha habido acuerdo y que no hay motivos para revisarlo.

Porque en el principio, efectivamente, hubo acuerdo, un amplio acuerdo básico que se plasmó en la Constitución, en el Estatut de 1979 y en la ley catalana de normalización lingüística de 1983. Este acuerdo puede sintetizarse en tres grandes ejes: primero, el catalán y el castellano son lenguas oficiales; segundo, la libre opción lingüística es un derecho de todos los ciudadanos; tercero, el catalán es una lengua minoritaria en el mundo y debe protegerse de manera adecuada. Este acuerdo, oficial y formalmente, todavía subsiste (estos tres principios, por ejemplo, están reconocidos en el nuevo Estatut); sin embargo, cierta legislación posterior y, sobre todo, la práctica, lo han vulnerado repetidamente.

Así, del catalán como lengua oficial que podía utilizarse con total libertad y que debía ser protegido por tratarse de una lengua débil, se ha pasado – desde la segunda mitad de los años ochenta- al catalán como instrumento de la construcción nacional de Catalunya. La lengua es utilizada como arma de la política, como signo de identidad colectiva.

La lengua es, antes que nada, un instrumento de comunicación entre los seres humanos. Dado que una sociedad es, además de otras cosas, un conjunto de personas que necesitan comunicarse entre sí, los poderes públicos deben cuidar de que ello se lleve a cabo respetando la libertad de cada uno, sin imposiciones desproporcionadas a su finalidad, a su libre comunicación. Lo importante no es la lengua que se habla, sino que los ciudadanos se entiendan entre sí lo mejor posible. Para ello, los catalanes poseen un gran bien cultural: dos lenguas. Desde la infancia pueden aprender fácilmente estas dos lenguas, lo cual les servirá para comunicarse mejor con los demás y estar en mejores condiciones para aprender otras, hoy indispensables en un mundo globalizado. La lengua vehicular de la escuela no debe ser sólo el catalán sino, además, también el castellano. Ambas deben utilizarse con normalidad desde la primera infancia, sin grupos separados por aulas ni por centros. Así lo dice la ley catalana de política lingüística: "El alumnado no ha de ser separado en centros ni en clases diferentes por razón de su lengua habitual" (art. 21.5). Y también dice: "Los niños tienen el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano" (art. 21.2).

La actual polémica sobre el derecho de los niños a ser educados en el primer tramo de enseñanza primaria – de 6 a 8 años- en la lengua que sus padres deseen no exige cambios legislativos, ni separación en grupos o centros. Solo exige lo que ahora, en teoría por lo menos, no sucede: una interpretación razonable de la ley vigente. Los jóvenes aprenden sin darse cuenta dos y tres lenguas – o más- a la vez. ¿Tan difícil es que un maestro o maestra se dirija a sus alumnos de estas edades indistintamente en ambas lenguas – y a ser posible en inglés- con total naturalidad, como tantos padres y madres hacen en las propias familias? La política lingüística necesita, antes que nada, despolitización y sensatez, la sensatez que tienen los ciudadanos de Catalunya en sus relaciones personales.

Francesc de Carreras es Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

La Vanguardia (14.02.2008)

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