La separación de poderes y la corpo

MontesquieuSi Montesquieu tuviera que formular hoy la teoría de la separación de poderes, en vez de tres, hubiera nombrado al menos cuatro: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Mediático. Y es que hoy, el poder de los medios de comunicación constituye un pilar fundamental de acceso al poder político.

A partir de ahora, nadie se podrá engañar: la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (CCMA) y todos sus medios públicos, incluidos TV3 y Catalunya Radio, se verán como apéndices de los partidos políticos que la dirigen a través de personas interpuestas de su confianza. La cacicada democrática se fraguó en la ponencia de la ley, se concretó en el reparto por cuotas para repartirse los miembros del Consejo de Gobierno y se consumó burocráticamente en el Parlament de Cataluña con 3 votos en contra de Ciudadanos.

Inútilmente C’s pretendió en la ponencia de la ley denunciar el mangoneo de cuotas de partido que se avecinaba pidiendo el aumento de miembros del Consell de Govern hasta 23 para asegurarse matemáticamente un representante. Sin embargo, el absurdo no sirvió para evidenciar que se estaba conculcando el espíritu de la ley, y la ironía fue una y otra vez contestada con dramáticas rasgaduras de vestiduras alegando que la Ley no se hacía para repartirse cuotas, sino para garantizar la objetividad, imparcialidad y pluralidad de los medios de comunicación públicos de la Generalitat. Es decir, lo primero que no se ha hecho. Todavía me estoy riendo. ¡Qué sarcasmo!

Los procedimientos posteriores para la designación, examen y nombramiento de los 12 miembros del Consell de Govern han sido pura comedia donde se han repartido los doce cargos entre los 5 grupos parlamentarios mayoritarios, mientras C’s quedaba excluido incluso de las negociaciones. Una vergüenza. La sociedad civil que había logrado entrar en el Parlamento con C’s después de 25 años de exclusión, ahora, en nombre de una Ley que debía garantizar la imparcialidad, la vuelven a excluir del Parlament virtual de los Medios de Comunicación. Sólo los profesionales de los medios han estado a la altura denunciando el procedimiento. Caciquismo político, defensa ecológica del status quo, mezcla infame de nacionalismo y pesebre.

Así quedó la cosa: Albert Sáez Casas (ERC), Nuria Llorach Boladeras (CiU), Marc Puig Guardia (CiU), Roger Loppacher Crehuet (CiU), Brauli Duart Llenares (CiU), Eduard Berraondo Cavallé (CiU), Anna Nalletbò Puig (PSC), Xavier Guitart Doménech, Joan Manuel del Pozo Álvarez (PSC), Àngela Vinent Besalduch (PSC), Joseph Viñeta Balseéis (ICV-EUiA) y Armand Querol Gasulla (PPC).

Hablemos en serio. Cuando Montesquieu diseñó la separación de los tres poderes del Estado, estaba incidiendo en el mayor problema del poder: su concentración absoluta. Sin lugar a dudas, sin este a priori formal no es posible sistema democrático alguno. Con él, el despotismo de las monarquías absolutas o de los regimenes totalitarios no tienen cabida. Hoy, sin embargo, la separación de poderes entre el legislativo, judicial y ejecutivo no basta para garantizar el equilibrio entre poderes y su consiguiente garantía de los derechos del ciudadano. Dos fuerzas emergentes, el poder económico y la omnipresencia de los medios de comunicación falsifican el espíritu democrático hasta reducirlo a una mueca formal y autosuficiente, incapaz de mejorar la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Es urgente replantearse la incidencia de los medios de comunicación en la conquista, ejercicio, control y conservación del poder. Hoy nadie se puede proponer llegar al Parlamento o ganar unas elecciones sin el patrocinio de los medios de comunicación. Más allá de la bondad o maldad del mensaje, sólo existe lo que está representado en el espejo mediático. Controlar, por tanto ese espejo, es vital, tan imprescindible como las armas para un ejército.

Precisamente por eso, ese poder extraordinario que ostentan los medios de comunicación públicos habría de estar a salvo de las intromisiones de los otros tres poderes del Estado. ¿Cómo? Reformulando la teoría de Montesquieu con el objeto de añadir un cuarto poder, el mediático y ampliar la independencia entre ellos. Y ya puestos, se podrían repensar sistemas realmente eficaces para asegurar que el Ejecutivo no merme tal independencia en temas tan sensibles como el nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o, como en este caso, el nombramiento de los miembros del Consell de Govern de la CCMA.

La solución no será fácil. Ni siquiera podemos estar seguros de encontrarla y, en el mejor de los casos, nunca será definitiva y perfecta, pero la necesidad y la solución comienzan en el instante mismo de formular el problema. Se han escrito ríos de tienta, es hora de concretar soluciones. Y éstas deben buscarse en el espíritu de todo sistema representativo: En la voluntad directa de los ciudadanos a través de su voto. A modo y manera como elegimos por listas abiertas a nuestros representantes al Senado, podríamos hacerlo con los cargos del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de los medios de comunicación públicos. Es evidente que la formulación directa simplifica la complejidad del problema, pero ante la evidencia de las insuficiencias del actual sistema, es preciso salir del problema con más democracia, nunca con más controles. A esa bocanada de aire fresco debe añadirse la opción de reclamar responsabilidades en el ejercicio de su función pública y disponer de un mecanismo legal que regule sus obligaciones institucionales para que su labor pueda ser valorada o reprobada por los mismos ciudadanos que les han elegido. Nada que no se exija a cualquier profesional que presta un servicio.

A falta de sistemas así, habremos de confiar en que los profesionales recién elegidos por cuotas se acaben olvidando de aquellos partidos a quienes deben el cargo. Desgraciadamente para ellos, lo habrán de demostrar cada día, porque hasta el informe del propio CAC sobre su idoneidad para el cargo en la CCMA ha concluido que "el procediment seguit per designar les candidaturas ha contaminat la seva presumpció d’independència". No lo tendrán fácil. Concedámosle el derecho de la duda.

Antonio Robles

Libertaddigital.es (8.02.2008)

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