Militares y derechos

La Pascua Militar de ayer, la última de la actual legislatura, ha coincidido con el 70º cumpleaños del Rey y, por eso, ha servido para valorar el papel del Monarca tras la dictadura y para hacer un balance de la política militar del Gobierno de Zapatero. En estas décadas, don Juan Carlos ha desempeñado un papel determinante para solventar el histórico problema del intervencionismo militar en la vida política española.

El jefe del Estado ha moderado, sin interferir, esa larga transición que arrancó de verdad cuando los Gobiernos empezaron a dirigir la política militar. Como culminación del proceso, en esta legislatura se han materializado una profunda integración de los ejércitos en el sistema de seguridad internacional y la plena profesionalización de los militares.

En ambos terrenos, los sucesivos Gobiernos han seguido una línea similar, sólo rota dramáticamente con la intervención en Irak. El trauma de semejante paso en falso, rectificado en el arranque de esta legislatura, debe considerarse ya superado en el ámbito militar, sobre todo cuando en estos años se ha consolidado el objetivo pacificador de las Fuerzas Armadas españolas en otros países, como Líbano o Afganistán.

Superados esos traumas, es hora de plantear desafíos más normales. El refuerzo del papel del Parlamento en las misiones militares en el exterior o la profundización en la preparación profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas han tenido claros impulsos en esta legislatura con las leyes de Defensa, Tropa y Carrera Militar. Ahora, a ese militar profesional, que reconoce la primacía del poder civil y que se ha incorporado a las misiones que exige la posición internacional de nuestro país, hay que darle su Estatuto de Derechos y Deberes.

Los miembros del Ejército tienen limitado el ejercicio de algunos derechos, precisamente por el carácter de la función que cumplen en un sistema democrático. En cualquier caso, gozan de ellos, por lo que deberían ser adecuada y razonablemente regulados. No caben en el mundo militar organizaciones sindicales, aunque sólo sea porque la sociedad no admitiría una huelga en los cuarteles. Pero ya sería tiempo de regular la libertad de expresión o el derecho de asociación de los militares. Sin miedo, con normalidad.

El País (Editorial), lunes, 7 de enero de 2008.

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